¿Negligencia Culposa?
Ignacio Vidaurrázaga Manríquez, periodista.


Mauricio Jorquera Encina cumplía 19 años el día de su detención, un 5 de agosto de 1974, Estudiaba Sociología en la Universidad de Chile y militaba en el MIR. Han transcurrido 31 años de su desaparición.

Hace algunas semanas, falleció su padre don Alberto, a la avanzada edad de 89 años. Pareciera que quiso alargar su vida al máximo, acaso por si llegaba a saber algo de ese hijo suyo que no vio proyectarse, ni le dio nietos como los otros. Durante estos 31 años su opción fue el silencio. Doña Lucy Encina, esposa y madre de Mauricio, ha sido quien durante estos años ha buscado avanzar en verdad y en justicia. Sus compañeros y amigos, estuvimos en la Iglesia San Lázaro muy cerca de la casa familiar despidiendo al padre del "chico Pedro", y constatando que se van muriendo los padres y las madres sin encontrar todavía el cierre justo para estos crímenes.

De la muerte de don Alberto, Joaquín Lavin no podía enterarse. Tampoco la cúpula de la UDI ni el general Manuel Contreras. Menos la Corte Suprema.

Jueces dignos y una Corte Suprema tuerta y sorda
Hace pocas semanas él más alto tribunal "suspendió" su apuro en cerrar el "problema de los derechos humanos". Se enfrentó a un movimiento de magistrados, a opiniones de un amplio espectro político y del movimiento de D.H., al juicio de la calle que a veces también penetra esos gruesos muros. También, a señales de una posible acusación constitucional. Fue todo ello, lo que altero los planes que cerraban a como diera lugar el conjunto de procesos e investigaciones sobre derechos humanos en julio próximo.

Veamos un ejemplo concreto del rol jugado por el Poder Judicial y su cúpula. Por Mauricio el 20 de agosto de 1974 se presentó el recurso de amparo, rol 963- 74, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El expediente fue extraviado por lo que debió reconstituirse con fecha 5 de febrero de 1975. El 1 de abril de ese año era rechazado el amparo y se ordenaba remitir los antecedentes al Primer Juzgado del Crimen para establecer la posible comisión de algún delito. El 8 de abril se iniciaba la causa rol 106.791 por presunta desgracia ante el mencionado juzgado. El 4 de agosto de 1976 el Juez declaró el cierre del sumario y su sobreseimiento temporal. Esta resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 6 de octubre de 1976. Pasaron largos años y en 1991 se reabrió el sumario en la causa rol 106.791 por presunta desgracia. En virtud de estos nuevos antecedentes el 2 de diciembre de 1991, los padres de Mauricio Jorquera, interpusieron una querella criminal por los delitos de secuestro agravado, detención arbitraria, aplicación de tormentos y presunto homicidio calificado ante el mencionado juzgado.

El juez Guzmán estableció hace un par de años, que los restos de Mauricio habrían sido tirados al mar entre San Antonio y Quinteros, encontrando incluso rieles que confirmaban la versión que estos iban adosados a los cuerpos, para mantenerlos en las profundidades.

La UDI, la UC y Lavín
El candidato de la derecha tiene hoy 52 años. El 73 tenía 20 años, o sea, era un año mayor que Mauricio Jorquera.

En octubre de 1973, era detenido y desaparecía en la ciudad de Cauquenes el técnico agrícola Claudio Lavín Loyola, tenía 29 años y militaba en el PS. Su muerte fue responsabilidad de la "Caravana de la muerte" comandada por el general Sergio Arellano. Sus restos eran reconocidos 26 años más tarde, a raíz de la investigación del ministro Guzmán. Joaquín Lavín en 1973, a pocos meses del golpe militar ¿ podía ignorar que un primo hermano era afectado tan directamente?

Con 23 años Lavín se recibía de ingeniero comercial en la Universidad Católica. Era el año 1976. ¿Conocía ya a los que serían sus "socios" en el gremialismo y la UDI? ¿Qué hubiese sucedido si los entonces presidentes de la FEUC, Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick hubiesen reclamado por sus profesores y compañeros de sala expulsados, detenidos, torturados y desaparecidos? ¿Qué hubiese hecho el rector-almirante Jorge Sewtt? ¿ Que hacía Jaime Guzmán, fuera de condolerse e interponer sus oficios en casos muy puntuales, mientras en paralelo asesoraba con su cabeza y pluma a la mismísima Junta Militar y al general Leigh en particular?

¿O el senador Carlos Bombal como jefe de gabinete del rector de la época recibiendo a los agentes de la DINA, como informaba la revista "El Periodista" en agosto del 2003 en una extensa crónica a este respecto y que contiene información aquí citada?

¿Qué sucedía en la Facultad de Derecho donde Jovino Novoa y Miguel Kast fueron presidentes de su Centro de Alumnos?

¿Con quién se juntaba el joven Lavin en la UC? ¿ Entraría a los baños y leería audaces rayados o escucharía murmuraciones de los pasos de la DINA "poroteando" en el Campus Oriente desde camionetas Luv C 10 con cabinas con toldos y patentes negro y blanco, llevando en sus cabinas a hombres y mujeres esposadas, para reconocer y delatar a sus compañeros?

Ninguno de ellos se entero en 1975 de la detención del profesor y poeta del Instituto de Literatura Jaime Ignacio Ossa Galdames, quien luego fallecería en Villa Grimaldi de las torturas recibidas. ¿Alguien en la pontificia escucho decir que junto a Ignacio fue detenido el seminarista Ricardo Salgado, quién fue torturado, pero sobrevivió?.

¿O quizás les suene el nombre de Alan Bruce Catalán, estudiante de Ingeniería Civil de la misma universidad, desaparecido por su tío el teniente coronel Marcelo Morén Brito?

¿Quién de los entonces gremialistas se cruzo más de una vez con el estudiante de periodismo, José Eduardo Jara, muerto en torturas o con Cecilia Alzamora, quien salvo con vida de ese episodio?

¿Habrán escuchado referirse al también profesor e investigador Juan Avalos Davidson, militante del PC, detenido por la DINA en noviembre de 1975 y desaparecido hasta el hallazgo de sus restos en 1990 en un recinto que perteneció al Ejército.

¿Quién de los ahora señores diputados, senadores y dirigentes políticos "escucho nombrar" a Jenny Barros Rosales, estudiante de enfermería, detenida en San Bernardo, caso investigado por la titular del Primer Juzgado de Letras de esa comuna?

¿Alguno de estos caballeros, se enteró por casualidad de la suspensión de 89 estudiantes de Teología, luego de un acto litúrgico para protestar por los graves sucesos que afectaban al país y a esta universidad, en 1979?

¿Llegarían peticiones de audiencia, ayuda o solidaridad al despacho del entonces Vicerrector de Comunicaciones y Académico señor Hernán Larrain, quien desempeño esos altos cargos entre 1974 y 1986? ¿No sobraban asientos o quedaban evaluaciones sin reclamar y mensualidades impagas cuando faltaban estos estudiantes desaparecidos, muertos, clandestinos y exiliados?

Parece que son demasiadas las evidencias, los cruces de fuentes, las señales e indicios para haberse enterado de algo, para haber sospechado que " estaban sucediendo hechos graves y punibles". Los jóvenes de camisas celestes o rosadas, de pantalones pulcramente planchados y mocasines, de chalecos en V o tortuga entornando sus hombros, parece que no se enteraron de estos y muchos otros casos. Entre ellos estaba Joaquín Lavin que no sobrepasaba los 25, la misma edad o más que la de centenares de hombres y mujeres que eran torturados y muertos en decenas de lugares de Chile.

Por todo esto, es que no creemos las desafecciones de Joaquín Lavín.

En Concepción y El Mercurio
Pasaron los años. En 1979 con 26 años Lavín asumía como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. El rector-delegado era el Teniente coronel de caballería Heinrich Rochna Viola, luego asumiría Guillermo Clericus quién lo exoneraría, producto de disputas intestinas entre nacionalistas y gremialistas.

Lavín estaba muy enfrascado en sus altas responsabilidades. Tampoco daba crédito a los informes de Naciones Unidas, y con mucha certeza fue de las personas que escucho y leyó que el nombre de Mauricio Jorquera apareció también en la nómina de "presuntos desaparecidos sin existencia legal" entregada por el delegado del gobierno chileno ante el organismo internacional, Sergio Diez, en noviembre de 1975, como parte del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile. Antes, Mauricio había aparecido en la siniestra lista de los 119.

Pero, Joaquín Lavín parece que también desconocía lo que murmuraban o vivían miles de sus compatriotas. Nunca se topo con un allanamiento. Nunca leyó diarios que informaban de muertes o "aplicación de leyes de fuga", mucho menos escucho radio Balmaceda.

Eran años en que las gestiones de la señora Lucy Encina, la madre de Mauricio, frente a los tribunales, el Comité Pro Paz y la Vicaría buscaban asumir el previsible desenlace de ese hijo ausente. Pero, la Corte Suprema "estaba en otra". No es que no supiera. Tenía miles de fojas y cerros de expedientes, pero "estaba en otra".

En 1981 y durante los próximos siete años Joaquín Lavín asumirá como editor de Economía y Negocios y luego como editor de Informaciones de El Mercurio. Durante esos años la represión se extiende, se torna masiva para contener el descontento, la protesta y la resistencia. Varios centenares de hombres y mujeres mueren en ejecuciones y falsos enfrentamientos, protestas callejeras y también un número menor en acciones de resistencia. Joaquín Lavín pese a estar en el diario con el mayor archivo periodístico del país, además de tener a mano significativos poderes fácticos, etc. seguiría ignorando las violaciones a los derechos humanos. La Iglesia Católica junto a otras confesiones religiosas asumía una activa denuncia de estos atropellos y crímenes, pero tampoco Joaquín Lavin pudo creerles a sus pastores.

En algún armario judicial, Mauricio Jorquera y su destino incierto ya reunía varios tomos de fojas recosidas. Su familia insistía en conocer un poco de verdad, aunque ya la justicia se viera lejana.

Pasaron los años y llegaron los 90
Con la transición, vino el Informe Rettig, la Mesa de Diálogo y luego el Informe Valech. Pero, nada de ello pareció configurar la verdad esperada. El punto de inflexión para descreer en el régimen pinochetista, no estuvo en las investigaciones de jueces dignos como García, Bañados, Luksic Guzmán, Dolmetsh, Muñoz y tantos otros. No, tuvo que suceder lo del Riggs para que involucrado dinero, Lavín y sus amigos de generación comenzaran a dudar de Pinochet.

A través de los años, 30 años desde el desaparecimiento de Mauricio, sólo ha quedado la porfiada memoria, esos nombres esculpidos en el Memorial como "representación" de todo lo que ahí no está presente, sino con un nombre inscrito en ese muro del recuerdo. Como un siniestro rompecabezas, los restos van llegando poco a poco y ya se sabe que algunos ya no llegaran jamás.

Las campañas presidenciales pueden dar para todo. Incluso, para cambiar de opinión, y ser sincero en reconocer lo que antes se ignoro concientemente. Nada de eso ha sucedido.

Los detenidos desaparecidos eran en su gran mayoría demasiado jóvenes. Con igual o menor edad que la cúpula del gremialismo-UDI que saboreaba en paralelo su tremendo poder, transformando su sitio universitario en el laboratorio de los cambios económicos, sin querer asumir el terror que lo posibilitaba.

Sería conveniente, que de una vez por todas la derecha y sus conspicuos representantes asuman que se equivocaron, que guardaron silencio culposo, que miraron para el lado, cuando no colaboraron abiertamente con la represión de 17 años. ¿No sería más digno de crédito eso, que él seguir repitiendo lo de la burbuja y la ignorancia de tan graves sucesos? ¿ O esperaran que el último de los padres y la última de las madres de desaparecidos muera? ¿ Y que harán frente a los hijos, a las nietas, a los amigos, a todos quienes los conocimos?

Los detenidos- desaparecidos vuelven y penan
Se quiera o no los Derechos Humanos meterán "su cola" en la campaña presidencial. Pretender abstraerse del tema, reducirlo o utilizarlo espuriamente para "desafectarse" como Lavín lo intenta, no parece dar dividendos auspiciosos. Es de esperar que en el oficialismo y la izquierda extra parlamentaria, además de mayoritarios sectores sociales existan además de las sensibilidades, las actitudes concretas que permitan converger en este plano, para seguir avanzando, aunque sea a paso corto, en este tema. Aquí no habrá milagros.

Mientras, los jueces continúan con sus procesos y día tras día surgen nuevos trozos de este macabro rompecabezas. A estas alturas el ex juez Guzmán tiene múltiples versiones de hombres y mujeres dispuestas a reivindicar desde abajo el rol cómplice del Poder Judicial. Se sabe que falta todavía demasiada cooperación de las Fuerzas Armadas y policiales. También falta que el general Cheyre se convenza que todavía tiene entre sus altos oficiales, violadores de derechos humanos.

En los próximos meses sea por avance de los procesos o cierre de estos, seguirán produciéndose novedades. Ellas no obedecerán a ningún plan ideado en una reunión conspirativa. Si no a la constatación que este tema no cederá, ni menos es reductible a los vaivenes de la agenda política.

Ahora, es el jefe de la DINA Manuel Contreras quién reinstala desde sus intereses el tema. Lo pone sobre la mesa como pieza fabricada ad-hoc para exculparse y cerrar en Pinochet todas las responsabilidades. Se alteran las fechas y las circunstancias, se omiten aspectos, se construye una nueva operación diversionista, no sabemos si extraída de los famosos baúles o del ingenioso consejo de algunos de sus testaferros. Lo cierto, es que es parte del sálvese quien pueda y si más de alguno en la derecha "olvidadiza" cree que esto cierra el tema, se equivocan una vez más. El listado de Contreras, más allá de sus acomodos, revela desde otra fuente, la magnitud de los crímenes y del macabro juego de borrar vestigios, aplicando aún más saña e indignidad como revelan monstruosos detalles como los rieles y los tambores con cemento.

Lavin se desafecta de Pinochet. Contreras también y mientras varios en RN lo hacen más naturalmente, en la UDI todavía justifican en los contextos lo injustificable. Su "ignorancia es culposa", sus desafecciones calculadas, todo no hace sino delatar sus tremendas responsabilidades en estos crímenes de lesa humanidad.

Entre tanto, los viejos se mueren sin verdad ni justicia. Mientras, nosotros, seguiremos recordando a Mauricio Jorquera y a todos quienes en vida y sueño significaron tanto y tienen el derecho a toda la verdad y justicia que sus nombres reivindicados hoy, así demandan.

Quince de mayo de 2005.

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Mauricio Edmundo Jorquera Encina, «Chico Pedro»

CONOZCA:
Una mano en el bolsillo trasero y la otra didáctica, con el índice en ristre

Irregulares, donde aparece el padre de Mauricio Jorquera.

Una imagen de cartón levantada sobre mi cabeza, homenaje a Jenny Barra Rosales
Jenny Barra Rosales


Claudio Lavín Loyola, 29 años, Técnico agrícola. Militante socialista, fue detenido el 2 de octubre de 1973 cuando se presentó al Cuartel de Investigaciones donde se le había ordenado ir a firmar diariamente.

El día 4 de octubre de 1973 fue sacado desde el Cuartel de Investigaciones de Cauquenes, según la versión oficial "para realizar una reconstitución de escena en el Fundo El Oriente, en las afueras de la ciudad, ocasión en que aprovechado esta circunstancia atacó a uno de los centinelas, motivo por el cual se les disparó, causándoles la muerte, en cumplimiento al Bando 24 de la Junta Militar de Gobierno, que autorizaba a la ejecución inmediata en caso de oposición o resistencia armada a las nuevas autoridades militares".
Horas antes de la ejecución, había arribado a la ciudad de Cauquenes, la llamada "Caravana de la muerte", constituida por un helicóptero que transportaba a un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y de la Junta de Gobierno y a su comitiva. Esta permaneció en la ciudad hasta inmediatamente después de verificarse los fusilamientos de Claudio Lavín -eso fue lo que ocurrió realmente-, Manuel Plaza Arellano, 25 años, Técnico agrícola -quien había sido detenido en la madrugada del 20 de septiembre en su domicilio por una patrulla militar y enviado al Cuartel de Investigaciones de Cauquenes-; Miguel Muñoz Flores, 21 años, empleado de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) -quien había sido detenido en su domicilio, inmediatamente después de ocurridos los sucesos del día 11 de septiembre, por efectivos de Investigaciones y trasladado al Cuartel de esa Institución-; Pablo Vera Torres, 22 años, estudiante y empleado, dirigente de la Juventud Socialista de la zona -quien había sido detenido y dejado en libertad; detenido nuevamente el mismo mes y conducido al Cuartel de Investigaciones. Todos estos compañeros ejecutados eran militantes socialistas.


Jaime Ignacio Ossa Galdames
, profesor de castellano de la Universidad Católica y militante del MIR, fue detenido el 20 de octubre de 1975 cuando tenía 32 años. El 27 del mismo mes el gobierno reconoció su arresto. Pero su cadáver había ingresado al Instituto Médico Legal el día 25 como fallecido en un accidente de tránsito. Mediante un oficio, Manuel Contreras, director de la Dina, informó después que el detenido se había suicidado lanzándose contra una camioneta de la Dina en Avenida España, mientras era trasladado de un lugar a otro. Sin embargo, Carabineros no registró ningún accidente ese día en ese sector. Es más, varios testigos vieron a Jaime Ossa en Villa Grimaldi y uno de ellos consigna el momento de su muerte bajo torturas en un testimonio en poder de la justicia.


Juan Carlos Rodríguez Araya
, «Caluga», era estudiante de Ingeniería en la Universidad Católica. Fue detenido por la DINA junto a su esposa Cecilia Castro. Ambos eran militantes del MIR y tenían un hijo. Quienes los detienen los conducen a José Domingo Cañas, lo cual se sabe porque hay sobrevivientes que los escucharon nombrar cuando llegaron, en medio de insultos y golpes. Una hora después, Julián Ricci, sobreviviente, fue llevado a la pieza de interrogatorios donde estaba Juan Carlos, al que vio que sacaban arrastrándolo por el suelo al parecer inconsciente. En seguida, escuchó entrar a un agente que comentó «el fulano que acabamos de sacar se está muriendo» y otra persona, al parecer el jefe, contestó indignado «les dije que tuvieran cuidado, ése es muy importante y no se nos puede morir hasta que sepamos todo lo que él sabe. Hay que trasladarlo a la Clínica». La última vez que Juan Carlos Rodríguez fue visto fue aquella vez descrita, cuando lo sacaban inconsciente de la sala de torturas. Desde entonces se encuentra desaparecido. Su esposa Cecilia apareció en la lista de los 119.


Alan Roberto Bruce Catalán, casado, un hijo, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica, militante del MIR, fue detenido el 13 de febrero de 1975, alrededor de las 11:00 horas, por agentes de la DINA en el domicilio ubicado en calle Los Illanes 95, Las Condes. Una hora antes, los efectivos de seguridad que se encontraban vigilando la casa desde la noche anterior, arrestaron a los dueños de casa, Iván Montti Cordero, su hijo de 5 años de edad, y a Carmen Díaz Darricarrere.


Eduardo Jara Aravena, estudiante de Periodismo, militante del MIR, murió el 2 de agosto de 1980. Había sido secuestrado el día 23 de julio en la esquina de las calles Eleodoro Yáñez con Los Leones junto a Cecilia Alzamora. Estuvo detenido junto a otras personas a quienes se las vinculaba por sus captores con la muerte del Coronel Roger Vergara. Estos se identificaban como miembros del Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA). Durante su detención fue sometido a diversas torturas, golpes en todo el cuerpo, aplicación de electricidad y otras que le produjeron evidentes y graves consecuencias físicas, heridas profundas en las muñecas, quemaduras en los tobillos y labios, contusiones en la frente y en la nariz. Durante su detención se quejaba constantemente por sus dolores, con lo que sólo conseguía recibir nuevos golpes de sus captores.


Alejandro Juan Avalos Davidson, profesor universitario, militante del Partido Comunista, lo detuvo la DINA el 20 de noviembre de 1975, en el trayecto entre su lugar de trabajo, Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (P.I.I.E.) de la U. Católica, ubicado en calle Bustos 2431, y el domicilio de su madre, donde había quedado de llegar una vez terminada su jornada de trabajo. Luego de su arresto, cuyos detalles precisos se desconocen, fue trasladado al recinto de la DINA denominado Villa Grimaldi, permaneciendo todo el tiempo en el sector conocido como "La Torre", en donde normalmente eran dejados los detenidos que tenían como destino "desaparecer". Allí se le vio por última vez a fines de febrero de 1976.


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